viernes, 28 de enero de 2011

El Ayuntamiento retira las primeras once licencias de taxis en manos de ´floteros

La Policía Local detecta irregularidades en cerca de 80 vehículos investigados por el traspaso irregular de la explotación.

El Ayuntamiento ha iniciado ya la retirada de licencias a los dueños de taxis explotados por floteros. El concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Jesús González Dumpiérrez, ya ha firmado las órdenes para revocar la autorización a once taxis del total de 80 que han sido investigados durante casi un año. Estas licencias son las primeras que se retiran, pero no serán las únicas, dado que la totalidad de los 80 taxis inspeccionados han sido arrendados a floteros, una circunstancia que impide expresamente el Reglamento Municipal del Taxi. La mayoría de estas licencias están en manos de tres floteros, nombre con el que se conoce a los que explotan varios taxis, que les han sido arrendados por los titulares. Los titulares de las licencias y los floteros han sido investigados también por fraude fiscal e irregularidades laborales.
Por ahora se han incoado expedientes sancionadores a 48 licencias, de las cuales ya se ha notificado la revocación de once, y el resto están pendientes de que el instructor resuelva. En cualquier caso, en las actuaciones previas realizadas se ha determinado que hay 70 licencias más en manos de floteros, según confirmaron fuentes cercanas a la investigación. Todos estos propietarios de taxis, que están en manos de tres floteros, han incurrido, según la investigación llevada a cabo por la Policía Local, en una irregularidad muy grave, por ceder la explotación de la licencia, lo que trae como consecuencia la revocación de la licencia y una sanción económica que oscila entre 4.000 y 6.000 euros.

De momento han sido notificados los titulares de once licencias para que entreguen la misma, aunque éstos tienen ahora la posibilidad de presentar recurso contra esta orden municipal, e incluso ir a los tribunales.

Esta investigación, en la que también ha participado la Fiscalía Provincial, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Agencia Tributaria, se inició el pasado mes de julio de 2010, a raíz de una redada realizada por la Policía Local en las sedes sociales de las empresas de tres floteros en abril del mismo año.

Asalariados
La Asociación de Asalariados del Taxi denunció en 2007 la explotación irregular de 700 licencias de taxis, que han sido arrendadas por sus titulares (la mayoría jubilados o viudas) a floteros para que éstos las exploten, pero hasta abril de 2010 no se inició en serio la investigación de dichas irregularidades. Cuatro agentes y dos oficiales de la Policía Local se han dedicado desde entonces a realizar todas las instrucciones previas que han dado lugar a los expedientes de revocación de licencias.
De manera paralela, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha impuesto ya sanciones por un montante que oscila entre 6.000 y 30.000 euros a titulares de licencias (la mayoría son viudas y jubilados) que han arrendado los taxis a floteros.

Por otro lado, la Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda investiga un presunto fraude fiscal cometido por uno de los floteros, que explota él solo 45 taxis, por no haber declarado cerca de 500.000 euros de ingresos en un año.

Fuentes de la investigación calculan que los otros dos floteros investigados han dejado de declarar cantidades cercanas a los 100.000 euros. Si el montante no declarado no supera los 120.000 euros, el fraude fiscal no se considera delito.

Los asalariados denunciaron en 2007 las irregularidades, con nombres y apellidos y multitud de datos, tanto al Ayuntamiento de la capital grancanaria como a la Fiscalía Provincial.

Según las investigaciones realizadas, los floteros investigados ocultaron a Hacienda unos ingresos diarios cercanos a los 2.000 euros.

Los asalariados amenazan con impugnar el reglamento regional
Las asociaciones de asalariados del taxi de Las Palmas de Gran Canaria, Costa Adeje (Tenerife), Fuerteventura y Sureste de Gran Canaria han presentado una batería de alegaciones contra el anteproyecto de decreto de reglamento de la Ley del Transporte de Canarias y amenazan con impugnar el decreto, en el caso de que no se cambie su contenido.
Los asalariados de la capital consideran que el nuevo decreto "permite perpetuar la situación irregular de los floteros", como la que está siendo investigada en estos momentos por el Ayuntamiento capitalino, la Fiscalía Provincial y otras instituciones. Los asalariados se muestran críticos con el ar-tículo del reglamento que permite a una sola persona gestionar varias licencias de taxis a la vez. "El Gobierno canario ha hecho el reglamento oyendo sólo a una parte del sector y nos planteamos recurrirlo, si se aprueba, porque consideramos que es inconstitucional".

´Si se hubiera cumplido el reglamento no habría ´floteros´
La Asociación de Asalariados del Taxi ha reclamado al Gobierno municipal que se investiguen las "irregularidades" en la sección de Transportes del Ayuntamiento. Un portavoz de la asociación señaló que "no se está pidiendo a los titulares de taxis el documento que acredita que es autónomo en la Seguridad Social, algo que no pueden presentar los pensionistas. Si se hubiera cumplido el reglamento, la Inspección de Trabajo, Hacienda y la Policía no tendrían que estar investigando todas estas irregularidades y tampoco habrían podido existir los floteros".
La Provincia

El sector del taxi tiene en venta unas 500 licencias por hasta 96.000 euros


MÁLAGA

El Ayuntamiento admite que en los últimos años se han transferido 243 permisos por los que se han pagado unos 120.000 euros · Denuncia la existencia de 'floteros' que aglutinan decenas de licencias.

Las sombras que vienen rodeando al sector del taxi de Málaga capital en los últimos años siguen sin difuminarse. La picaresca con la que se manejan algunos profesionales que hacen de las preciadas y escasas licencias una mercancía de venta al mejor precio es bien conocida por el Ayuntamiento de Málaga, que calcula que en este momento puede haber en venta alrededor de 500 permisos, por los que se puede llegar a pagar hasta 96.000 euros. Desde la Casona del Parque confían en que esta situación pueda regularizarse mediante la entrada en vigor del nuevo reglamento andaluz del taxi, que aún no ha entrado en vigor.
Este fenómeno de mercadeo se ve acrecentado por el cada vez mayor número de personas que buscan en este sector una salida al desempleo y por los más de 1.000 profesionales asalariados existentes en la urbe, que llevan años topándose con la ausencia de nuevas concesiones que les permitan desarrollar su tarea en pleno dominio. Toda esta demanda es lo que acaba dando inicio a un círculo vicioso. El gerente del Instituto Municipal del Taxi, Francisco Gavira, recuerda cómo aproximadamente el 20% de las 700 personas que concurrieron al último examen realizado para poder trabajar como taxistas, en noviembre, aseguraba hacerlo para posteriormente intentar comprar una licencia.

"El precio que se paga va en función de la oferta y la demanda, el Ayuntamiento no interviene", señala Gavira, quien apunta: "El mercado es libre y se pueden estar transfiriendo permisos por entre 78.000 y 96.000 euros". Cifras que se alejan sustancialmente de los hasta 150.000 euros que se llegaron a pagar antes de la crisis.

El responsable del Instituto Municipal de Taxi precisa, además, que desde inicios de 2008 hasta la fecha actual se han podido transferir unas 243 licencias, "a precios que, de media, rondan los 120.000 euros". Es decir, que este mercadeo ha movido del orden de 30 millones de euros.

A pesar de esta situación, Gavira aprueba que las licencias sean usadas como parte del patrimonio del profesional del taxi. "Hay muchos que se tiran toda la vida trabajando y lo que les queda cuando se jubilan es poco; si has hecho un patrimonio de tu licencia, es normal que puedas venderla", comenta. Con lo que no está para nada de acuerdo es con que todo ello degenere en una práctica irregular, como está ocurriendo en muchos casos.

La particularidad de este sector hace que muchas de las licencias se encuentren en manos de jubilados y viudas, que las reciben tras el fallecimiento de sus maridos, sin que ninguno de ellos las trabajen directamente. Y es aquí donde se centra la picaresca. Gavira admite que existe una importante concentración de licencias en pocas manos de profesionales, que únicamente pueden aparecer como propietarios de una sola autorización. "Son los que llamamos floteros", apunta.

¿Cómo proceden estos floteros? Alquilándolas a sus legítimos propietarios. El modus operandi es bien sencillo. "Lo que hacen es pagar una cantidad económica, que ahora puede rondar los 425 euros mensuales, pero que hace años era de hasta 800 euros, a los titulares de las licencias", expone. A partir de ahí, el profesional que acumula los permisos coloca a diversos asalariados que se encargan de explotar el taxi en diversos turnos, recibiendo a cambio una serie de ingresos.

El responsable municipal confía en que lo que ha venido siendo práctica habitual durante años sea acotado de manera decidida en poco tiempo y apunta al nuevo reglamento andaluz del taxi como herramienta con la que se podrá hacer. En este sentido, señala que la norma busca obligar a los titulares de las licencias a usarlas en un plazo determinado si no quieren que sean anuladas y pasen a manos de los ayuntamientos. "A las viudas se les dará cuatro años para que puedan transferirlas, se saquen el carné o puedan dárselas a sus hijos; y a los jubilados se les dan 15 meses", señala.

A pesar del efecto de la crisis, que ha minimizado de manera sustancial los ingresos, Gavira insiste en el peso del sector. Y pone como ejemplo que se ha convertido en alternativa para muchos parados. "Es el sector que más empleo ha creado a nivel nacional", apostilla, y recuerda que desde 2006 hasta la fecha alrededor de 4.000 personas han podido presentarse a los diferentes exámenes convocados para lograr el carné municipal de conducción.

Precisamente ayer se abrió el plazo de renovación de la bolsa de asalariados del taxi, con lo que todos los interesados pueden presentar la documentación necesaria hasta el 8 de febrero. No obstante, ya en la primera jornada se recibieron más de 60 peticiones, cuando la previsión del Instituto Municipal del Taxi es que la cifra final se sitúe entre los 350 y 400. Este procedimiento permite actualizar el listado después de que en los últimos años hayan salido diez licencias para taxis adaptados a personas con discapacidad y otras tres o cuatro por fallecimiento de sus titulares.

Málaga Hoy

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