El Ayuntamiento retira las primeras once licencias de taxis en manos de ´floteros

La Policía Local detecta irregularidades en cerca de 80 vehículos investigados por el traspaso irregular de la explotación.

El Ayuntamiento ha iniciado ya la retirada de licencias a los dueños de taxis explotados por floteros. El concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Jesús González Dumpiérrez, ya ha firmado las órdenes para revocar la autorización a once taxis del total de 80 que han sido investigados durante casi un año. Estas licencias son las primeras que se retiran, pero no serán las únicas, dado que la totalidad de los 80 taxis inspeccionados han sido arrendados a floteros, una circunstancia que impide expresamente el Reglamento Municipal del Taxi. La mayoría de estas licencias están en manos de tres floteros, nombre con el que se conoce a los que explotan varios taxis, que les han sido arrendados por los titulares. Los titulares de las licencias y los floteros han sido investigados también por fraude fiscal e irregularidades laborales.
Por ahora se han incoado expedientes sancionadores a 48 licencias, de las cuales ya se ha notificado la revocación de once, y el resto están pendientes de que el instructor resuelva. En cualquier caso, en las actuaciones previas realizadas se ha determinado que hay 70 licencias más en manos de floteros, según confirmaron fuentes cercanas a la investigación. Todos estos propietarios de taxis, que están en manos de tres floteros, han incurrido, según la investigación llevada a cabo por la Policía Local, en una irregularidad muy grave, por ceder la explotación de la licencia, lo que trae como consecuencia la revocación de la licencia y una sanción económica que oscila entre 4.000 y 6.000 euros.

De momento han sido notificados los titulares de once licencias para que entreguen la misma, aunque éstos tienen ahora la posibilidad de presentar recurso contra esta orden municipal, e incluso ir a los tribunales.

Esta investigación, en la que también ha participado la Fiscalía Provincial, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Agencia Tributaria, se inició el pasado mes de julio de 2010, a raíz de una redada realizada por la Policía Local en las sedes sociales de las empresas de tres floteros en abril del mismo año.

Asalariados
La Asociación de Asalariados del Taxi denunció en 2007 la explotación irregular de 700 licencias de taxis, que han sido arrendadas por sus titulares (la mayoría jubilados o viudas) a floteros para que éstos las exploten, pero hasta abril de 2010 no se inició en serio la investigación de dichas irregularidades. Cuatro agentes y dos oficiales de la Policía Local se han dedicado desde entonces a realizar todas las instrucciones previas que han dado lugar a los expedientes de revocación de licencias.
De manera paralela, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha impuesto ya sanciones por un montante que oscila entre 6.000 y 30.000 euros a titulares de licencias (la mayoría son viudas y jubilados) que han arrendado los taxis a floteros.

Por otro lado, la Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda investiga un presunto fraude fiscal cometido por uno de los floteros, que explota él solo 45 taxis, por no haber declarado cerca de 500.000 euros de ingresos en un año.

Fuentes de la investigación calculan que los otros dos floteros investigados han dejado de declarar cantidades cercanas a los 100.000 euros. Si el montante no declarado no supera los 120.000 euros, el fraude fiscal no se considera delito.

Los asalariados denunciaron en 2007 las irregularidades, con nombres y apellidos y multitud de datos, tanto al Ayuntamiento de la capital grancanaria como a la Fiscalía Provincial.

Según las investigaciones realizadas, los floteros investigados ocultaron a Hacienda unos ingresos diarios cercanos a los 2.000 euros.

Los asalariados amenazan con impugnar el reglamento regional
Las asociaciones de asalariados del taxi de Las Palmas de Gran Canaria, Costa Adeje (Tenerife), Fuerteventura y Sureste de Gran Canaria han presentado una batería de alegaciones contra el anteproyecto de decreto de reglamento de la Ley del Transporte de Canarias y amenazan con impugnar el decreto, en el caso de que no se cambie su contenido.
Los asalariados de la capital consideran que el nuevo decreto "permite perpetuar la situación irregular de los floteros", como la que está siendo investigada en estos momentos por el Ayuntamiento capitalino, la Fiscalía Provincial y otras instituciones. Los asalariados se muestran críticos con el ar-tículo del reglamento que permite a una sola persona gestionar varias licencias de taxis a la vez. "El Gobierno canario ha hecho el reglamento oyendo sólo a una parte del sector y nos planteamos recurrirlo, si se aprueba, porque consideramos que es inconstitucional".

´Si se hubiera cumplido el reglamento no habría ´floteros´
La Asociación de Asalariados del Taxi ha reclamado al Gobierno municipal que se investiguen las "irregularidades" en la sección de Transportes del Ayuntamiento. Un portavoz de la asociación señaló que "no se está pidiendo a los titulares de taxis el documento que acredita que es autónomo en la Seguridad Social, algo que no pueden presentar los pensionistas. Si se hubiera cumplido el reglamento, la Inspección de Trabajo, Hacienda y la Policía no tendrían que estar investigando todas estas irregularidades y tampoco habrían podido existir los floteros".
La Provincia